Los fondos de desarrollo rural. ¿De qué estamos hablando?
Una vez más, toca hablar de las cuestiones relativas a la política de desarrollo rural en el marco de la PAC y las previsiones de dotación de fondos para el período 2014-2020.
Al mismo tiempo que la mayor parte de los debates sobre la reforma se centran en cómo se va a repartir la asignación nacional del primer pilar en cada uno de los Estados Miembros (aun sin cerrarse, todavía el Marco Financiero Plurianual y la propia reforma, en los denominados trílogos), particularmente difícil en el caso de España (con la intención, parece, del Ministerio de Agricultura de que la reforma, en la práctica, no sea tal, y de que se aplique el principio, de que todo tiene que cambiar para que nada cambie; garantizando -cuestión esta casi surrealista- que no haya trasvase de fondos entre regiones y entre sectores; y desaprovechando, una vez más, la oportunidad de que los recursos vayan a los agricultores profesionales, y de que España se apunte a la filosofía de la reforma y se equipare a otros Estados Miembros de la Unión Europea); a otro nivel, y con mucho menos ruido, se decide como será la programación de desarrollo rural 2014-2020.
Merece la pena poner encima de la mesa algunas reflexiones.
La primera. Ya hay una cifra «casi» definitiva de la asignación de fondos por Estados Miembros. A España le van a corresponder 7.368,3 millones de euros, a precios de 2011, cantidad, significativamente inferior (alrededor de un 10% menos) de la que se asignó para el período 2007-2013 (puesta ésta también a precios constantes de 2011).
Y como hemos analizado en anteriores ocasiones en otras entradas de este blog, a esto se une la dificultad de encontrar fondos nacionales (y en el caso de España, también regionales) para cofinanciar estos fondos europeos. A la vista de esta dificultad, desde el Ministerio de Hacienda, se ha puesto encima de la mesa, la posibilidad de que la cofinanciación nacional pueda ser privada (en lugar de que la aporten las Administraciones, la aportarían los particulares). Se trata, sin duda, de una apuesta delicada.
La primera de las consecuencias es evidente: menos recursos públicos para las políticas de desarrollo rural, y mayor esfuerzo económico por parte de los agricultores, industrias o emprendedores rurales que decidan invertir y mejorar sus empresas.
Pero se adivinan, algunas más. A bote pronto, que esto sería posible para las medidas que subvencionan inversiones (modernización de explotaciones, mejoras en la industria agroalimentaria, etc), pero de imposible aplicación en las líneas que subvencionan el lucro cesante y la pérdida de renta, consecuencia del cumplimiento de una serie de compromisos. Quizá el mejor ejemplo de este último supuesto, sean las medidas agroambientales, en las que, el agricultor o el ganadero recibe una ayuda (que sólo puede ser pública) como compensación por las limitaciones productivas que le supone, por ejemplo, tener su explotación en una zona Red Natura o con elevada pendiente. En este caso, la cofinanciación no puede ser privada.
Camino rural en San Mamés (Madrid)
Otro elemento de análisis es la famosa regla n+2 (mediante la cual se puede pagar las ayudas hasta dos años después de haber realizado el compromiso), de tal manera que, en la práctica (y teniendo en cuenta el retraso de la reforma), la programación 2007-2013 acabará en 2015, ayudando a que los nuevos Programas de Desarrollo Rural no se pongan en marcha, previsiblemente, hasta ese mismo año. Teniendo en cuenta que la asignación económica se ha calculado a precios constantes de 2011, un retraso en la entrada en funcionamiento de los Programas, supondrá, en la práctica, una nueva disminución de los fondos para el desarrollo rural.
Para finalizar, y por tocar el otro tema candente en esta fase de las negociaciones, me detendré brévemente en la filosofía plurifondo. Es necesario que, en el caso particular de los Grupos LEADER, estos puedan gestionar, no sólo fondos FEADER, si no también fondos FEDER y FSE.
De esta manera, además de seguir más fielmente la filosofía de la propuesta de la Comisión, se podría paliar, en cierta medida, la previsible caída de fondos FEADER (y su correspondiente cofinanciación nacional) para el enfoque LEADER.
Sobre estas cuestiones, y muchos otros temas de interés, se profundizará la semana que viene, los días 13 y 14 de junio, en las Jornadas sobre Desarrollo Territorial, Ruralidad y Sostenibilidad, organizadas por la Universidad de Valencia (http://projeccio.uv.es ).
Allí estaremos.
ruralsiglo21 
Interesante comentario de los fondos de desarrollo rural para un tema tan importante y en un país ccomo España donde lo rural ocupa yd ebe ocupar un papel importante, pero por las medidas que está tomando este Gobierno de Rajoy, parece ser que estos temas le traen sin cuidado. ¡ Menos mal que tenemos las exportaciones!.
Reflexiones muy interesantes que deberían tomarse en consideración para la toma de decisiones, y no sólo desde Agricultura, sino, muy especialmente, desde Hacienda.
Muchas gracias, Isabel, por participar en el blog. Totalmente de acuerdo en que la cuestión de fondo, en lo que respecta a la cofinanciación privada y al enfoque multifondo depende principalmente de Hacienda. Es importante que, desde las Administraciones agrarias (Ministerio y Consejerías), se trasladen estas inquietudes a los responsables de Hacienda.
Efectivamente, parece que el Ministerio es un fiel seguidor de Lampedusa, quien en «El Gatopardo» evidencia aquello de que algo cambie para que todo siga igual, o peor, añado. Como bien dices, lo que reducir el gasto público dando entrada al sector privado es, en algunas medidas, una simple ocurrencia o, como dirían los jóvenes, una fumada.
Según una publicación del Ministerio, al agricultor se le pide que contribuya a «la sostenibilidad, a la provisión de bienes económicos y ambientales, al ahorro y la eficienia energética, a la eficacia en el uso del agua, a la conservación de suelos, a la conservación de la biodiversidad y a la mitigación de catástrofes naturales», así, tal cual, de un tirón, y todo ello porque «se lo demanda la sociedad». ¿Y por qué se lo demanda la sociedad y a qué precio?, pues parece ser que porque sí y gratis
En estos momentos en que no hay vertebrado o invertebrado que no tenga detrás una asociación que, con fondos públicos, vele por su existencia, al residente que vive en el medio rural en el que trabaja y cuida, porque lo ama, que soporta infraestructuras a veces tercermundistas, que sufre la lejanía de un centro médico y de madrugadoras rutas escolares para sus hijos y en el que paga impuestos para subvenionar todo lo subvencionable, se le exige «lo que demanda la sociedad», repito, poque sí y gratis, sin apoyo público.
Sobre el otro tema del desarrollo rural, dos breves apuntes. Primero, los responsables de la política de desarrollo del medio rural han de convencerse de que ese desarollo será el que los rurales quieran, o no será, porque son los que padecen sus problemas y los que han de emprender las soluciones. Segunda, me temo que desde algunos sectores «oficiales» se está avivando la llama, pacíficamente apagada hace años, entre agraristas y ruralistas, estrategia en la que están profundamente errados (¿o herrados?). Después de Valencia, que esa es otra en materia Leader (ver el diario El Pais), hablaremos.
Gracias, Cesar, por tu participación en el blog. Comparto la necesidad de hacer frente con fondos públicos a las pérdidas de renta o lucros cesantes, que les supone a los agricultores el tener que cumplir una serie de exigencias medioambientales que la sociedad les demanda. En cuanto a las inversiones, es un tema distinto, ya que en este caso es el propio emprendedor el que decide hacerlas. En todo caso, la entrada de esta supuesta cofinanciación privada es un tema delicado y que hay que analizar en profundidad antes de tomar una decisión.
De acuerdo también con que no se debe entrar en la perniciosa dicotomía entre «agraristas» y «ruralistas», que ya creíamos olvidada.
Y en desacuerdo en las afirmación sobre las subvenciones públicas que haces. Ni todo es blanco, ni todo es negro, y muchas asociaciones necesitan de fondos públicos para realizar la fantástica labor que llevan a cabo en nuestra sociedad y, particularmente, en el medio rural.
Amigo Paco: Respecto a tu último párrafo, sin duda me he explicado mal. No he denostado las subvenciones públicas a las asociaciones proteccionistas, ni a ninguna otra de fines encomiables y trannsparentes. Si alguien se ha sentido ofendido, mis sinceras disculpas.
Quizá el ejemplo no ha sido afortunado, pero lo que he querido poner de manifiesto es que el apoyo, la ayuda y, en definitiva, la consideración y el pensamiento de los poderes públicos responsables de esta materia debe dirigirse al agricultor y al residente rural, porque parece que en algunas orientaciones de desarrollo rural son los olvidados, los convidados de piedra, los paganos, cuando deben ser los actores y verdaderos protagonistas del desarrollo de sus territorios. Lo contrario, es dirigismo e ineficacia.
Gracias, Cesar. Aclarado queda.